Vuelta al colegio con coronavirus

Durante el siguiente comentario los asesores jurídicos de Iurislaw hablan de la situación de incertidumbre que se vive con la escolarización de los niños y niñas durante esta segunda oleada del COVID-19. Aunque la Consitución establece obligatoria la escolarización de los 6 a los 16 años, lo cierto es que establece ciertas excepciones entre las que se contemplan las de evitar un mal propio o ajeno. Por otro lado están el papel de los docentes mal parados en esta situación porque no están instruidos en prevención de riesgos o salud. A continuación una lectura detallada de las cuestiones que más están preocupando.

Esta semana y la próxima comienza el curso escolar 2020/2021, y lo que todos los años suele ser un quebradero de cabeza, gastos extras e ilusión por parte de las madres y padres, este año se ha convertido en una total incertidumbre y angustia.

El COVID19 ha incido de modo directo en la vida de todos, pero especialmente en la “vuelta al cole” está planteando una serie de incógnitas que lejos de ser aclaradas se acrecientan conforme se acerca la fecha.

Por parte de los gobiernos central, autonómico y local se esta incidiendo en medidas sociales de protección contra el COVID19 ante la segunda oleada que estamos sufriendo.

A pesar de ello el curso escolar va a comenzar, siendo obligatoria la escolarización de los menores entre 6 y 16 años según el art. 27.4 de la Constitución Española y la Ley Orgánica de Educación (Primaria y Secundaria).

Sin embargo y pese al anuncio de contratación masiva de refuerzo de profesores parece que el mismo no va a estar disponible de inmediato, y por otro lado se ha cargado al personal docente con unas responsabilidades que no les competen, ya que no tienen conocimientos en materia de PREVENCION DE RIESGOS ni como TECNICOS DE PROMOCION Y PREVENCION DE SALUD, a efectos de establecer protocolos de protección contra el COVID19 en los diversos centros escolares, así como el desarrollo y vigilancia de dichos protocolos durante el desarrollo del curso escolar, lo que será aún mas difícil y complicado.

Ante esta situación, muchos padres y madres se plantean si llevar a los hijos al colegio supone un riesgo para la salud, tanto para los menores como de la propia familia.

Todos aquellos que dentro de la unidad familiar cuenten con personas especialmente vulnerables pueden obtener certificados médicos que exoneren, al menos inicialmente, la asistencia de los menores a los centros educativos.

¿Qué sucede con todos aquellos padres y madres que están sufriendo una situación angustiosa ante la incertidumbre clara y evidente de que mandando a sus hijos e hijas al colegio están poniendo en riesgo su salud y la de la familia?

Las Administraciones están advirtiendo públicamente que el incumplimiento de escolarización de menores acarreará sanciones conforme a las previsiones legales.

Sin embargo las mismas Administraciones ¿están garantizando la protección de la salud conforme al art. 43 de la Constitución Española?. El apartado segundo del propio art. 43 C.E. indica: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.” Y a la vez están protegiendo debidamente el derecho a la salud de los trabajadores (artículo 40 de la Constitución Española). No debemos olvidar que maestros y profesores, así como conserjes, personal de limpieza o personal administrativo que trabaja en los centros docentes tienen derecho a no estar sometidos a riesgos para su salud en el desempeño de su trabajo, sin que tengan completamente asegurada dicha protección contra el COVID19.

La gran pregunta es qué hacer ante esta situación, siendo plenamente conscientes de que la escolarización de nuestros menores además de necesaria educativamente es socialmente conveniente para los mismos. Pero realmente ¿están obligados los padres y madres a llevar a sus hijos a los colegios en la actual situación?

Las normas legales establecen excepciones al cumplimiento de la normativa en determinadas circunstancias, con la defensa de la persona o derechos propios o ajenos, el que en estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto, y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse, y finalmente el que obre impulsado por miedo insuperable (artículo 20 de nuestro Código Penal).

En definitiva ante la carencia de garantías totales sobre la protección de la salud, y reiterando la conveniencia académica y social de la escolarización, lo cierto es que tanto el personal docente como los padres y madres, nos encontramos ante una situación de incertidumbre, que nos ha de llevar a tomar decisiones que no sabremos si son acertadas o erróneas.

En cualquier caso IURISLAW CONSULTORES JURIDICOS estará como siempre al lado de las personas en el asesoramiento legal que precisen con independencia de las decisiones personales que se adopten.

Por último queríamos agradecerles su confianza y darles todo nuestro apoyo en estos tiempos de incertidumbre.